El pasado lunes 21 de noviembre un convoy de 10 vehículos de la Policía Estatal desembarcó en la ciudad de Delicias, Chihuahua. El operativo desplegado por agentes que portaban armas de alto calibre, de tan llamativo, haría suponer que fue ordenado para detener a un delincuente muy peligroso, por ejemplo José Noriel Portillo Gil, el sujeto acusado de haber asesinado a dos sacerdotes jesuítas hace ya cinco meses.
Pero el objetivo era otra persona, a juzgar por la parafernalia, mucho más peligrosa: Francisco González Arredondo, el fiscal para la defensa
