El delito como negocio público y privado
El 22 de junio de 2018, mientras toda la atención, energía y pasión de la sociedad mexicana estaban enfocadas en el inminente “día D” de las elecciones presidenciales, el gobierno de Enrique Peña Nieto entregó un contrato por un monto estimado de 3 mil 959 millones de pesos para concluir la construcción de la cárcel de “supermáxima seguridad” de Papantla, Veracruz, y operarla hasta 2042. La beneficiaria es Grupo Lauman, dirigida por Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez, también dueño del periódico El Financiero.
En el consejo de administración de la empresa contratista figura Jaime Domingo López Buitrón, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el último año del gobierno de Vicente Fox, y quien repitió en el cargo entre noviembre de 2011 y diciembre de 2012, al final de la administración de Felipe Calderón.
Con esta asignación otorgada por adjudicación directa –es decir, sin pasar por un proceso de licitación pública–, el gobierno de Peña Nieto dio luz verde al proyecto carcelario de Genaro García Luna, el inamovible titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Calderón, que convirtió el sistema carcelario en un gran negocio privado.
El proyecto,
