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El Estado en la sombra: El Perú durante la ocupación chilena. Documentos administrativos (diciembre de 1881-julio de 1882)
El Estado en la sombra: El Perú durante la ocupación chilena. Documentos administrativos (diciembre de 1881-julio de 1882)
El Estado en la sombra: El Perú durante la ocupación chilena. Documentos administrativos (diciembre de 1881-julio de 1882)
Libro electrónico647 páginas13 horas

El Estado en la sombra: El Perú durante la ocupación chilena. Documentos administrativos (diciembre de 1881-julio de 1882)

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Existen un sinnúmero de investigaciones sobre la Guerra del Pacífico, pues ha sido uno de los eventos más dramáticos y decisivos de nuestra historia nacional. A pesar de ello, no todo esta dicho. Aún hay mucho por descubrir y material por estudiar.

El Estado en la sombra (Fondo editorial PUCP, 2016) es uno de los estudios historiográficos sobre la Guerra más relevantes en el que podemos conocer el testimonio directo de dos de sus protagonistas: Manuel Candamo y Carlos M. Elías, políticos vinculados al Partido Civil, que desempeñaban funciones bastante delicadas. Eran delegados y agentes confidenciales del gobierno provisorio, el cual estaba encabezado por el contralmirante Lizardo Montero y asentado fuera de Lima. Como delegados debían facilitar la labor de la administración pública y vincular a las autoridades de dicho gobierno con la capital y el resto del país. Como agentes confidenciales debían lograr que los Estados extranjeros reconocieran a este gobierno e impulsar eventuales negociaciones hacia el logro de la paz con Chile, siempre y cuando esta no supusiera una pérdida territorial para el Perú.

Al igual que Cáceres con sus campañas militares en la sierra, Candamo y Elías buscaron resistir frente al invasor chileno y forzarlo a que renunciara a la ocupación de la capital. Por ello, sus esfuerzos formaron parte de una suerte de "resistencia civil".

En esta publicación de José Agustín de la Puente Candamo y José de la Puente Brunke, se presentan 420 comunicaciones que se conservan en tres libros copiadores en el archivo de Manuel Candamo. Esta es una edición crítica, pues no solo se ha hecho una transcripción completa sino que también se han realizado anotaciones con precisiones, como breves notas biográficas sobre personas mencionadas o comentarios referidos a situaciones o hechos que se exponen en los documentos. Además, el estudio preliminar realizado por los editores contextualiza estas comunicaciones y brinda un ilustrativo panorama de esta crucial etapa de la historia peruana.
IdiomaEspañol
EditorialFondo Editorial de la PUCP
Fecha de lanzamiento26 mar 2020
ISBN9786123173463
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    El Estado en la sombra - José Agustín de la Puente

    portada.jpg

    José Agustín de la Puente Candamo (Lima, 1922) es doctor en Historia y abogado. Ha ejercido la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ininterrumpidamente, durante 68 años, y ha promovido en miles de peruanos el estudio de la historia. Es director emérito del Instituto Riva-Agüero, del cual fue secretario en su fundación (1947). Ha sido decano de la Facultad de Letras y jefe del Departamento de Humanidades de la PUCP. Es miembro honorario de la Academia Nacional de la Historia, de la cual ha sido presidente, y miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua. Entre las numerosas distinciones que ha recibido destacan las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta y la orden El Sol del Perú en el grado de Gran Cruz. Sus libros más recientes son La Independencia del Perú (1992 y 2013) y Miguel Grau (2003). Ha coeditado El Perú desde la intimidad. Epistolario de Manuel Candamo, 1873-1904 (2008).

    José de la Puente Brunke (Lima, 1961) es doctor en Historia y bachiller en Derecho. Es profesor principal en la PUCP, director del Instituto Riva-Agüero y miembro de número de la Academia Nacional de la Historia. Ha sido director de la revista Histórica y es miembro del consejo editorial de varias publicaciones académicas. Es autor, entre otros libros, de Encomienda y encomenderos en el Perú (1992), coautor de Historia común de Iberoamérica (2000), coeditor de El Perú desde la intimidad. Epistolario de Manuel Candamo, 1873-1904 (2008) y de Iglesia y sociedad en la Nueva España y el Perú (2015). Ha sido investigador afiliado al David Rockefeller Center of Latin American Studies (Universidad de Harvard), fellow de la John Carter Brown Library (Universidad de Brown) y ha ejercido la cátedra Ernesto de la Torre Villar en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

    José Agustín de la Puente Candamo

    José de la Puente Brunke

    Editores

    El Estado en la sombra

    El Perú durante la ocupación chilena

    Documentos administrativos

    (diciembre de 1881-julio de 1882)

    El Estado en la sombra. El Perú durante la ocupación chilena

    Documentos administrativos (diciembre de 1881-julio de 1882)

    José Agustín de la Puente Candamo y José de la Puente Brunke, editores

    © José Agustín de la Puente Candamo y José de la Puente Brunke, 2016

    © Pontificia Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 2017

    Av. Universitaria 1801, Lima 32, Perú

    feditor@pucp.edu.pe

    www.fondoeditorial.pucp.edu.pe

    Primera edición digital: noviembre de 2017

    Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores.

    e-ISBN: 978-612-317-346-3

    En cuanto a la edición sistemática de documentos [del tiempo de la guerra con Chile], nada se ha hecho. Ha influido evidentemente la circunstancia de que el nuestro fue el país derrotado.

    Jorge Basadre, Introducción a las bases documentales para la historia de la República del Perú

    El aspecto documental [sobre la guerra con Chile] es aún una promesa y una magnífica oferta para escudriñar en el misterio del pasado.

    Juan Miguel Bákula, Perú, entre la realidad y la utopía. 180 años de política exterior

    Nota de los editores

    …esta Delegación cede en todos sus actos al único y patriótico móvil de coadyuvar a la más ordenada y expedita marcha de la administración pública

    Manuel Candamo y Carlos M. Elías, Carta al Jefe Superior del Centro¹

    Lima, entre diciembre de 1881 y julio de 1882: Manuel Candamo² y Carlos M. Elías³, políticos vinculados al Partido Civil, desempeñaban en la capital del Perú, ocupada por las fuerzas chilenas, funciones bastante delicadas. Eran los delegados del gobierno provisorio, encabezado por el contralmirante Lizardo Montero⁴, y asentado fuera de Lima —primero en Cajamarca y luego en Huaraz—, para facilitar la labor de la administración pública y vincular a las autoridades del gobierno provisorio con Lima y con el resto del país. Igualmente, eran agentes confidenciales del mismo gobierno con el fin de lograr el reconocimiento de este por parte de los Estados extranjeros, y también para impulsar eventuales negociaciones hacia el logro de la paz con Chile, siempre y cuando no supusieran pérdida territorial para el Perú.

    En este libro transcribimos y publicamos 420 comunicaciones que ellos escribieron, desde la Lima ocupada, en el ejercicio de sus funciones, y que reflejan los esfuerzos del Estado peruano por no desaparecer en el dramático contexto de la guerra. Los textos de las comunicaciones se conservan en tres libros copiadores, en el archivo de Manuel Candamo. Los presentamos en la Parte II de este libro. Los tres libros copiadores que transcribimos tienen las siguientes características:

    Libro copiador A: Delegación del Supremo Gobierno. Correspondencia General. Libro I. 1881-1882.

    Del 10 de diciembre de 1881 al 30 de junio de 1882.

    185 páginas, que contienen 280 comunicaciones.

    Libro copiador B: Agencia Confidencial del Supremo Gobierno. Correspondencia General. Libro I. 1881-1882.

    Del 10 de diciembre de 1881 al 18 de mayo de 1882.

    85 páginas, que contienen 125 comunicaciones.

    Libro copiador C: Correspondencia Reservada. 1881-1882.

    Del 19 de diciembre de 1881 al 15 de junio de 1882.

    25 páginas, que contienen 15 comunicaciones.

    Del libro copiador A hay una copia parcial en la Biblioteca Nacional del Perú (D4695: Delegación del Supremo Gobierno. 1881-1882). Se trata de un libro de características físicas semejantes, aunque incluye solo 154 comunicaciones. Sin embargo, contiene cinco comunicaciones escritas entre el 1 y el 13 de julio de 1882, que no consigna nuestro libro copiador A, pero que no incluyen información relevante.

    En cuanto al libro copiador B, debemos precisar que 54 originales de esas comunicaciones de la Agencia Confidencial se conservan en el Archivo Central del Ministerio de Relaciones Exteriores (7-13, caja 282, carpeta 18). Además, el mismo archivo, y bajo la misma signatura, conserva los originales de otras 31 comunicaciones de la Agencia Confidencial, fechadas entre el 18 de mayo y el 8 de julio de 1882. No hay copias de estas comunicaciones en nuestro libro copiador B⁵.

    El libro copiador C recoge correspondencia reservada, proveniente tanto de la Delegación del Supremo Gobierno como de la Agencia Confidencial.

    Esta es una edición crítica. No solo se ha hecho una transcripción completa del contenido de los tres libros copiadores, sino que además este ha sido anotado, en la medida de lo posible, con precisiones de diverso tipo que consideramos de utilidad, como breves notas biográficas sobre personas mencionadas, o comentarios referidos a situaciones o hechos que se exponen en los documentos. Para ello ha sido importante la consulta de los fondos documentales de varios repositorios, como el Archivo Central del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Archivo General de la Nación, el Archivo del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, la Biblioteca Nacional del Perú y el Archivo Central del Ejército del Perú.

    En cuanto a la transcripción de los documentos, se ha modernizado la ortografía y la puntuación, cuidando de no alterar el sentido de las frases. En lo referido a arcaísmos o palabras poco usuales, se ha procurado ofrecer la correspondiente explicación en nota al pie.

    * * *

    La idea de publicar este libro surgió a partir de la previa edición que hicimos del epistolario de Manuel Candamo, y que titulamos El Perú desde la intimidad (Puente Candamo & Puente Brunke, 2008), el cual recoge la correspondencia que dicho líder político mantuvo con muy diversas personas entre 1873 y 1904. De esa correspondencia, el conjunto de cartas más significativo, y el más original como fuente histórica, es el constituido por las que Candamo envió a Teresa Álvarez Calderón, su esposa, entre julio de 1882 y octubre de 1883, desde Chile, adonde había sido desterrado por las autoridades de ocupación en el Perú, junto con varios otros personajes peruanos, que se oponían a la firma de la paz si esta implicaba cesiones territoriales. Esas cartas entre marido y mujer constituyen —reiteramos— una fuente de primera importancia para conocer esa dramática etapa de la historia peruana. Sin embargo, en el archivo de Manuel Candamo conservamos más documentación de interés, como es el caso de los tres libros copiadores que en esta oportunidad publicamos.

    Las comunicaciones contenidas en ellos constituyen una fuente muy valiosa, porque presentan información concreta de los esfuerzos del gobierno provisorio por organizar el Estado durante la ocupación chilena, específicamente entre diciembre de 1881 y julio de 1882. El objetivo del gobierno provisorio era el de legitimar su autoridad, tanto en el territorio nacional como frente a los gobiernos extranjeros, con el fin de tener la fuerza necesaria para presionar a Chile e iniciar conversaciones de paz. Como parte de este proceso, el gobierno provisorio se propuso controlar la administración política y militar en todas las provincias y localidades no ocupadas, y recaudar los recursos necesarios para afrontar las necesidades de la guerra. Para ello organizó una red de comunicaciones y contactos entre la sede del gobierno, sus delegados en Lima y los representantes políticos y militares en las diversas provincias.

    La lectura de estas comunicaciones nos hace ver que entre diciembre de 1881 y julio de 1882 hubo dos periodos claramente diferenciados en la vida del gobierno provisorio: el primero, entre diciembre de 1881 y marzo de 1882, estuvo presidido por los esfuerzos para unificar el territorio bajo su autoridad. Hubo mucha correspondencia entre el gobierno, establecido en Cajamarca, los jefes político-militares de las regiones del Norte, Centro y Sur, y la Delegación del gobierno, en Lima. Igualmente, se hicieron nombramientos de autoridades en provincias y de representantes diplomáticos en el extranjero. Durante este periodo se produjo un enfrentamiento en Pucará entre las fuerzas chilenas y peruanas, en las que estas salieron victoriosas. Sin embargo, los propios peruanos siguieron enfrentados, con lo cual se produjeron choques entre quienes apoyaban al gobierno provisorio y los partidarios de Nicolás de Piérola⁶, a pesar de que este había ya renunciado a la presidencia.

    A partir de marzo de 1882, cuando se trasladaron Montero y su gabinete ministerial de Cajamarca a Huaraz, se inició un segundo periodo en el desarrollo del gobierno provisorio. Se nombró un nuevo gabinete ministerial y se confirmaron muchos de los nombramientos realizados por la Delegación en Lima. Por su parte, la Delegación recibió del gobierno mayores atribuciones en el ámbito financiero, lo que le daba más posibilidades de recaudar fondos para las fuerzas militares [174]. Además, la Delegación siguió desarrollando coordinaciones con las jefaturas político-militares.

    En definitiva, la documentación que aquí publicamos refleja los esfuerzos del Estado peruano por sobrevivir en el contexto de la ocupación chilena y por mantenerse firme en la posición de no aceptar la paz con cesión territorial. Así como las campañas militares de Cáceres en la sierra buscaron resistir frente al invasor chileno y forzarlo a renunciar a la ocupación, los esfuerzos de la Delegación y de la Agencia Confidencial del gobierno provisorio en Lima formaron parte de una suerte de «resistencia civil», mediante la cual el Estado peruano se negaba a extinguirse.

    * * *

    Para la investigación conducente a la preparación de este libro, hemos contado con la muy valiosa asistencia de la magíster Leticia Quiñones Tinoco, quien se ha convertido en una gran conocedora de la historia del Perú de la segunda mitad del siglo XIX. Fue ella también nuestra asistente en el trabajo en torno al epistolario de Manuel Candamo, que publicamos en 2008, y en todos estos años ha demostrado sobradamente sus grandes aptitudes para la investigación. A ella le agradecemos muy especialmente su apoyo, que ha sido crucial para la elaboración de este libro.

    Además, debemos agradecer a otros colegas historiadores que, de diversos modos, nos ayudaron en este trabajo. Mención especial merece el licenciado Rodolfo Castro Lizarbe, gran experto en la historia de la Guerra del Pacífico, quien leyó el manuscrito de este libro, nos dio muy importantes sugerencias y estuvo siempre dispuesto a escuchar nuestras preguntas. Igualmente, Margarita Guerra y Héctor López Martínez leyeron el manuscrito y nos hicieron valiosos comentarios. También hemos tenido útiles conversaciones en torno a este proyecto con Cristóbal Aljovín, Fernando Armas, Ada Arrieta, Carmen Mc Evoy, Armando Nieto Vélez, José Peñaloza Jarrín, Hugo Pereyra, Nelson Pereyra, Ismael Pinto y Rafael Sánchez-Concha. Expresamos a todos ellos nuestro agradecimiento.

    Manifestamos también nuestra gratitud a Renzo Babilonia, por permitirnos reproducir un retrato de su archivo fotográfico, y a Esperanza Navarro, del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, por habernos facilitado otra de las imágenes que aparecen en este libro.


    ¹ Con estas palabras Manuel Candamo y Carlos M. Elías, delegados del gobierno provisorio en Lima, manifestaban el propósito fundamental de su labor [261]. En adelante, los números que aparezcan entre corchetes remitirán a las comunicaciones que recogemos en la segunda parte de este libro.

    ² Manuel Candamo Iriarte (Lima, 1841-1904). Realizó sus estudios escolares en el colegio de Nuestra Señora de Guadalupe. Posteriormente pasó al Colegio de San Carlos, donde alcanzó el grado de bachiller en Jurisprudencia, expedido por la Universidad de San Marcos. Se sabe que desde joven estuvo involucrado en actividades políticas, ya que fue desterrado por breve tiempo a Chile por oponerse a la suscripción del tratado Vivanco-Pareja. Volvió al Perú para apoyar la revolución de Mariano Ignacio Prado contra el gobierno de Juan Antonio Pezet. En marzo de 1867 estaba en Chile, desempeñándose como secretario de la Legación del Perú en Santiago. Participó de importantes negocios en el Perú y representó los intereses de sus hermanos, residentes en Europa. Estuvo vinculado al Partido Civil desde su fundación y colaboró con el gobierno de Manuel Pardo. Junto con Carlos M. Elías fue delegado y agente confidencial del gobierno provisorio, durante la ocupación chilena, entre diciembre de 1881 y julio de 1882. Con otros políticos peruanos estuvo desterrado en Chile, desde agosto de 1882 hasta octubre de 1883. De regreso en Lima, después del tratado de Ancón, sufrió un nuevo destierro, durante el gobierno del general Iglesias. Después de la guerra desarrolló una intensa actividad política: fue senador durante varias legislaturas, y en 1895 presidió la Junta de Gobierno que se constituyó para dar solución al conflicto entre los seguidores de Cáceres y los de Piérola. En 1903 fue elegido presidente de la república. En 2008 publicamos el epistolario de Candamo, en cuyo estudio preliminar presentamos su biografía (Puente Candamo & Puente Brunke, 2008, pp. 27-49).

    ³ Carlos María Elías de la Quintana (Lima, 1841-1907). De niño fue alumno del colegio de Nuestra Señora de Guadalupe y más tarde viajó con sus padres a Francia e ingresó en París al Liceo Imperial de San Luis. En 1859 regresó al Perú y en Ica se dedicó a trabajar las haciendas de su familia hasta que en 1865 empezó a participar en la vida política. En 1867 fue representante en el Congreso Constituyente por Ica. Más tarde viajó a Europa y a China. De regreso en el Perú, se unió a la causa política que encarnaba Manuel Pardo. Fue síndico de la Municipalidad de Lima y diputado por Chincha. Posteriormente, en diciembre de 1879, fue desterrado a Guayaquil por la dictadura de Piérola. Junto con Manuel Candamo fue delegado y agente confidencial del gobierno provisorio, durante la ocupación chilena, entre diciembre de 1881 y julio de 1882. Con otros políticos peruanos estuvo desterrado en Chile, desde agosto de 1882 hasta octubre de 1883. De regreso en Lima, después del tratado de Ancón, sufrió un nuevo destierro, durante el gobierno del general Iglesias. Más tarde fue senador, ministro de Estado y representante diplomático en Chile, entre 1889 y 1890, cuando se repatriaron los restos de Miguel Grau, de quien fue amigo muy cercano. Fue cuñado de Lizardo Montero y destacó como importante figura del pensamiento católico de la época (Tauro, 2001, 6, pp. 897-898; El Perú Ilustrado, 3 de setiembre de 1887).

    ⁴ La vicepresidencia del gobierno provisorio fue desempeñada —a raíz de la deportación de García Calderón a Chile— por el contralmirante Lizardo Montero (Ayabaca, 1832-Lima, 1905), quien había desarrollado una larga carrera en la Marina. Además, fue miembro fundador del Partido Civil y senador por Piura en la década de 1870 (Tauro, 2001, 11, pp. 1708-1709). Bajo el régimen de Nicolás de Piérola, Montero fue jefe del primer ejército del Sur y posteriormente ejerció la jefatura político-militar del Norte. En octubre de 1881 tomó la decisión de desconocer el gobierno de Piérola y se adhirió al gobierno provisorio (Basadre, 1983, VI, p. 273).

    ⁵ Esto nos lleva a pensar que ha debido existir un segundo libro copiador de la Agencia Confidencial.

    ⁶ Nicolás de Piérola Villena (Camaná, 1839-Lima, 1913). Político de primera importancia en la historia peruana del último tercio del siglo XIX y de los años iniciales del XX. Ministro de Hacienda en el gobierno de Balta, fue promotor del contrato Dreyfus, y posteriormente adversario constante de Manuel Pardo durante su gobierno. Después de la guerra fundó el Partido Demócrata, y ejerció la presidencia de la república entre 1895 y 1899, gracias al acuerdo político que alcanzó con los civilistas. En cuanto a su actuación durante la Guerra del Pacífico, en diciembre de 1879, luego de la salida del Perú del presidente Mariano Ignacio Prado, se declaró dictador, y lo fue hasta julio de 1881, cuando convocó a una Asamblea Nacional en Ayacucho, donde dimitió. Sin embargo, dicha Asamblea lo declaró presidente provisorio, cargo al que renunció en noviembre del mismo año, ordenando que las fuerzas a su mando se pusieran bajo las órdenes de Cáceres. Regresó a Lima al mes siguiente, con autorización chilena. Semanas después, en febrero de 1882, convocó a un grupo de notables para organizar el Partido Nacional para la reconstrucción del país, propuesta que no tuvo mayor repercusión. Partió hacia Europa en marzo de 1882 (Tauro, 2001, 13, pp. 2054-2056), y llegó a París a mediados de mayo (La Patria. Diario de la mañana, 10 de junio de 1882).

    Parte I.

    Estudio preliminar

    País [el Perú] que, entre 1879 y 1883, se enredó y dividió en un faccionalismo bizantino cuyos efectos letales no lograron contrarrestar, en múltiples rincones de la heredad nacional, numerosos héroes famosos o anónimos cuyos nombres debemos exhumar y que lucharon durante cinco largos años, a diferencia de lo ocurrido en la guerra entre Francia y Alemania en 1870, limitada a unos pocos meses.

    Jorge Basadre, «Perú: país dulce y cruel»

    1

    . Introducción

    Ante la deportación a Chile del presidente provisorio Francisco García Calderón⁷, el 6 de noviembre de 1881, el contralmirante Lizardo Montero pasó a encabezar su gobierno como vicepresidente y dispuso que este se estableciera en Cajamarca. Desde allí, el 23 del mismo mes Montero decidió que, al no poder fijar la sede del gobierno en la capital de la república, y siendo ella punto estratégico para la atención de cuestiones relativas a la administración del país, se nombrara como «delegados especiales de gobierno en Lima a los ciudadanos Don Carlos M. Elías y Don Manuel Candamo», quienes estarían autorizados a realizar todas las acciones de «orden político, financiero y administrativo» que requiriera el gobierno. Además, se nombró a los mismos Candamo y Elías como agentes confidenciales para lograr el reconocimiento del gobierno provisorio por parte de los Estados extranjeros y para impulsar el logro de la paz con Chile, siempre y cuando esta no supusiera pérdida territorial para el Perú⁸.

    En las instrucciones a los delegados, se dispuso que ellos debían dar cuenta de todas sus acciones al gobierno provisorio, para obtener la correspondiente aprobación. Entre las funciones que se les otorgaron en los ámbitos político y administrativo estaba la de transmitir toda la información que pudieran recoger, con el fin de que se lograra «el mejor acierto en los actos del Supremo Gobierno»; además, tenían la facultad de pedir la destitución de cualquier funcionario cuyo nombramiento dependiera del Poder Ejecutivo y de proponer a su reemplazante. En el campo financiero, los delegados estuvieron autorizados a levantar empréstitos con el fin de obtener los recursos económicos «que demanda el sostenimiento de la situación, en armonía con el estado bélico del país»; podían también sugerir la creación de nuevos impuestos; y debían enviar fondos a aquellas autoridades que los requirieran⁹. Además, la importancia de la Delegación, en el contexto de las actividades del gobierno provisorio, radicaba en su actuación como enlace entre este y los diversos funcionarios y entidades sujetas a su autoridad: entre ellos, los jefes político-militares, los prefectos y los funcionarios de aduanas¹⁰.

    Según el coronel Manuel Velarde¹¹ —quien desempeñó altos cargos en el gobierno provisorio— los delegados Candamo y Elías «cumplieron, bajo todos los aspectos, su deber» (1883, p. 9). Para Aurelio Miró Quesada Sosa, con la Delegación se mantuvo la organización política y administrativa del país (1995, p. 150)¹². Por su parte, Rodolfo Castro considera que los esfuerzos del gobierno provisorio por mantener delegados en Lima constituyen una prueba de que el Estado peruano «se esforzaba por conservarse como estructura» (2009, p. 7).

    El final de la misión de Candamo y Elías como delegados del gobierno provisorio y agentes confidenciales en Lima está vinculado a los combates de Marcavalle y Concepción. Cuando el 14 de julio de 1882 llegó a Lima la noticia de esos hechos de armas con resultados favorables para las tropas comandadas por Andrés A. Cáceres¹³, las autoridades chilenas consideraron una serie de represalias, entre las cuales estaba el apresamiento de personas importantes de la capital, ya que estaban convencidas de que los mencionados hechos bélicos habían sido concertados con «gentes de Lima». En mensaje telegrafiado por Jovino Novoa¹⁴ al presidente Domingo Santa María¹⁵, se señalaba que entre los presos deberían figurar necesariamente Candamo y Elías, porque eran «los agentes de Huaraz que dirigen la política en Lima». El presidente chileno le respondió el 28 de julio: «Es menester ahora tomar revancha de una manera digna de nosotros, no con inútiles matanzas de indios, sino yendo más arriba, a los instigadores» (Bulnes, 1919, III, p. 315).

    En efecto, Candamo y Elías fueron detenidos el 1 de agosto de 1882, a las 11 de la mañana (Castro, 2009, p. 351), y posteriormente desterrados a Chile. Durante su desempeño como delegados, habían previsto dicha posibilidad. Es así que, en comunicación del 12 de enero de 1882, dirigida al presidente de la Junta Consultiva —que había sido creada por el gobierno provisorio para asesorar a la Delegación— le manifestaron que, si se fuera a presentar el caso de que estuvieran impedidos de ejercer sus tareas, transmitirían sus poderes a dicha Junta [23]. Así, cuando Candamo y Elías fueron desterrados, la Delegación pasó a estar bajo la responsabilidad del presidente de la Junta, Alejandro Arenas¹⁶. Sin embargo, Arenas tuvo que salir de Lima, al tener noticias de que también era buscado por las autoridades chilenas. En esa situación, delegó dichos poderes en el obispo Pedro José Tordoya¹⁷, y así lo informó en carta dirigida a Lizardo Montero, desde Tarma, en agosto de 1882¹⁸. Ignoramos si Tordoya llegó a asumir también las responsabilidades de la Agencia Confidencial.

    Durante su destierro en Chile, Candamo y Elías pudieron reflexionar sobre las tareas realizadas y sobre las causas de la derrota peruana en la guerra. En esas circunstancias llegaron a poner por escrito opiniones que dejan ver el pesimismo que los embargaba. Por ejemplo, Elías reflejó en su diario, en la entrada correspondiente al 5 de junio de 1883 —cuando ya llevaba diez meses expatriado— ese pesimismo en dramáticos términos:

    Delegado ad honorem en Lima con todos los riesgos y responsabilidades del puesto y después prisionero gastando uno de su bolsillo para mantenerse. ¡Qué ganga! ¡Y después los patriotas de Lima y de Arequipa son capaces de llamarnos tontos! Bien lo merecemos, los que honrada y patrióticamente nos hemos sacrificado, no deseando más, sino que el Perú salvase lo mejor posible de esta catástrofe a que lo empujaron los errores de sus gobernantes y las propias faltas de sus hijos. Hoy nadie se acuerda para nada de los prisioneros de Chillán ni el gobierno piensa en que sus delegados quizás no tengan, en un momento dado, cómo atender a sus gastos dignamente y se vean precisados a pedir a Chile que les dé para vivir. Miserable, triste condición, pero así son las cosas del mundo y de nada tiene uno que admirarse, cuando contempla lo que pasa y ha pasado en el Perú. Misteriosos secretos de la Providencia que abate y humilla a los pueblos (1883, s.p.).

    * * *

    El Estado en la sombra es un título que busca expresar las gravísimas dificultades que el Estado peruano tuvo que afrontar durante la ocupación chilena, en el contexto de la Guerra del Pacífico, para mantener, aunque fuera de modo precario, una estructura administrativa con cierta autoridad. Esas dificultades no estaban solo referidas a las circunstancias propias de la ocupación chilena sino también al «faccionalismo bizantino» (Basadre, 1980, p. 9) en el que cayó la clase política peruana, que no fue capaz de presentar un frente común ante la ocupación de las fuerzas sureñas. Esto tiene su explicación en el desarrollo político posterior a la Independencia, durante el cual los conflictos internos y los intereses de las diversas facciones impidieron estructurar adecuadamente el Estado. Si bien la labor de Ramón Castilla —al consolidar la «república militarizada»—¹⁹ permitió establecer las bases de una auténtica estructura estatal, muchas circunstancias siguieron conspirando para que no se pudiera edificar sólidamente sobre aquellas, a pesar de que la economía peruana pudo salir de su estancamiento desde la década de 1840, con el inicio de la exportación del guano de las islas, que encontró una extraordinaria demanda como fertilizante, sobre todo en Inglaterra. Con los recursos que el guano produjo, muchos comerciantes y terratenientes alcanzaron gran importancia económica y política, y se convirtieron en la «espina dorsal» de la clase dirigente peruana. El guano respaldó una política de gran endeudamiento externo, que llevó a que el Perú se convirtiera en uno de los primeros deudores a nivel mundial. Por otro lado, el contexto descrito facilitó la aparición del Partido Civil, que puso a Manuel Pardo en la presidencia y terminó con las varias décadas de predominio político de los caudillos militares (Bonilla, 2005, pp. 659 y 685). Durante los cuatro años de su gobierno —entre 1872 y 1876—, Pardo y los civilistas intentaron desarrollar su proyecto de la «república práctica». En efecto, plantearon una serie de reformas, caracterizadas por sus elementos republicano-liberales. Así, buscaron la estabilización económica, la reforma fiscal, la consolidación del Estado, la organización de la Guardia Nacional y la ampliación de la frontera económica. Igualmente, pusieron énfasis en el desarrollo de la educación y en la formación del ciudadano republicano. Sin embargo, este proyecto se vio frenado por variadas circunstancias, entre las cuales fueron especialmente importantes la crisis del modelo guanero y la consecuente bancarrota del Estado (Mc Evoy, 2007, p. 243).

    Con la ocupación de Lima por los chilenos se hizo más evidente la división política entre los dirigentes peruanos, reflejada por la existencia paralela de dos gobiernos durante varios meses: el de Piérola en la sierra, y el denominado gobierno provisorio de García Calderón en Lima, instalado en el pueblo de la Magdalena con la tolerancia de los chilenos, ya que tenían la esperanza de que pudiera aceptar sus condiciones para llegar a la paz. Sin embargo, con el paso de las semanas y los meses, los chilenos comprobaron que García Calderón no cedía a sus presiones. Por su parte, Piérola renunció a la presidencia en noviembre de 1881. Así, ya durante los primeros meses de 1882 la autoridad del gobierno provisorio —presidido por Lizardo Montero, a causa del destierro a Chile de García Calderón— fue aceptándose cada vez más a lo largo del territorio peruano. En este sentido, uno de los momentos más importantes fue el de la adhesión de Cáceres a su autoridad. Precisamente durante esos meses Candamo y Elías desarrollaron su labor de delegados y agentes confidenciales del gobierno de Montero en Lima.

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    Figura 1. Manuel Candamo

    Fuente: Archivo APC.

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    Figura 2. Carlos M. Elías

    Fuente: López (2011, p. 149).

    El territorio es uno de los más importantes elementos configuradores del Estado. Este es —de acuerdo con lo planteado por Max Weber— una comunidad humana que en un específico territorio reclama para sí el monopolio de la violencia legítima, en el contexto de un paralelo desarrollo de la economía capitalista. Ascensión Martínez Riaza ha estudiado la vinculación de los conceptos de Estado y territorio en Iberoamérica, y ha puesto de relieve cómo en esta región las guerras tuvieron un papel decisivo en el surgimiento y desarrollo de las repúblicas independientes. Además, señala cómo los estudiosos del Estado coinciden en que la dimensión territorial de este debe entenderse a partir de varios factores que se interrelacionan:

    El espacio para un Estado supone soberanía sobre la población que se asienta en él y sobre los recursos que en él se producen. El espacio supone también la legitimación y reconocimiento por los Estados vecinos y en el concierto internacional (1994, pp. 181-182).

    El Perú del siglo XIX seguía siendo un país fragmentado, cuyos grupos dirigentes estaban notoriamente divididos y se mostraron incapaces de enfrentar unidos el peligro que supuso la guerra de 1879. Las fronteras territoriales eran extensísimas —tanto en el norte, como en el sur y en el este— y en su mayor parte no estaban delimitadas, con lo cual eran susceptibles de convertirse en zonas de conflicto. Además, la práctica inexistencia de vías de comunicación conspiraba contra la soberanía territorial del Estado, al igual que los grupos de poder «centrífugos» que operaban en los diversos centros regionales (p. 192).

    Al inicio de la Guerra del Pacífico, los ejes más dinámicos de la economía en el territorio peruano estaban constituidos por las plantaciones de la costa central y septentrional; por algunas importantes minas de plata, como las de Cerro de Pasco, y por los yacimientos de guano, ya por entonces muy disminuidos en cuanto a su volumen. Además, a lo largo del extenso territorio peruano no se daba una auténtica solidaridad nacional entre las diversas clases y estamentos sociales (Bonilla, 2005, p. 702). A pesar de todo ello, también debe decirse que, en lo político, la década anterior al inicio de la Guerra del Pacífico se caracterizó por una notable estabilidad, si la comparamos con los decenios anteriores. Tal como lo ha planteado Mücke, ese fenómeno se produjo fundamentalmente «por la subordinación de las élites locales a la burguesía limeña en cuestiones de trascendencia nacional» (1999, p. 175). En efecto, es notorio cómo las luchas políticas de la década de 1870 fueron distintas de las de tiempos anteriores, en el sentido de que sus desenlaces no implicaron el derrocamiento del gobierno central. Se redefinieron las relaciones entre los poderes regionales y el gobierno central, y empezó a notarse que el poder político volvía a residir en Lima, luego de un tiempo largo en que aquel había estado asentado en las diversas provincias, en manos de las élites regionales. Esta nueva situación se dio gracias al boom guanero. Si bien la figura del presidente de la república tenía importantes atribuciones —siendo una de las más trascendentes la del nombramiento de los prefectos y subprefectos—, en términos reales su poder estuvo muy limitado, sobre todo porque era preciso negociar muchas decisiones con los grupos dirigentes provincianos. No obstante, si bien el poder del gobierno central era débil en provincias, en muchas ocasiones logró ser acrecentado, por ejemplo, al arbitrar en las luchas entre diversos grupos poderosos de una misma localidad. Así, la fuerza del presidente radicaba en el hecho de que los poderosos de provincias no formaban bloques homogéneos, sino que estaban bastante divididos. En cualquier caso, lo cierto es que la riqueza guanera estuvo relacionada con la mayor estabilidad política que hemos referido, y que permitió que la burguesía limeña tuviera un impacto importante en la política nacional (pp. 177-194).

    Pero el problema de fondo seguía siendo el de las graves divisiones entre los peruanos para afrontar la crisis de la guerra. Como ya lo hemos señalado en oportunidad anterior, a lo largo del siglo XIX no se había constituido «una clase dirigente estable y con voluntad de servicio a los intereses del país. Se creó un Estado teórico, desligado de la compleja realidad del Perú. El vacío de poder fomentó el advenimiento del caudillismo y de la anarquía. No faltó inteligencia ni gente con cualidades; faltó espíritu solidario» (Puente Candamo & Puente Brunke, 2008, p. 23).

    Prueba palmaria de esa falta de espíritu solidario está en el hecho de que el Congreso rechazara, en un momento tan crucial como el mes de junio de 1879, las iniciativas del ministro de Hacienda, José María Químper, para establecer un impuesto sobre las exportaciones de plata y de azúcar blanca, para exigir que los derechos de aduana fueran pagados en soles de plata —y no en billetes fiscales, cada vez más depreciados—, y para gravar los capitales con una tasa del dos por ciento. En esa etapa anterior al combate de Angamos, el único gravamen que el Congreso aprobó fue el de la «contribución personal», en razón de cuatro soles en la costa y tres en la sierra. Se exceptuó de esa contribución a los soldados, oficiales y empleados públicos, ya que se les había rebajado —como medida de emergencia— el veinte por ciento de sus sueldos. Además, en esa delicada etapa también se envió una misión a Europa para gestionar un préstamo con el fin de adquirir barcos blindados, los bancos emitieron más billetes, hicieron una donación al gobierno y se creó una Junta Central Administradora de Donativos (Contreras, 2012, pp. 112-113). Carlos Contreras pone de relieve en este sentido la falta de responsabilidad de la clase dirigente:

    La clase oligárquica rechazaba las imposiciones extraordinarias, insistiendo en la búsqueda de empréstitos en el extranjero y trasladando a la clase campesina el esfuerzo fiscal. […] Así, con exacciones a los campesinos, préstamos del extranjero, donativos de la población y emisión de billetes fue que la oligarquía, representada en el gobierno de Prado, se planteó financiar la guerra (2012, pp. 112-113).

    Es evidente que la mencionada falta de espíritu solidario mostró su peor cara en el contexto de la guerra. Sin embargo, deben evitarse las generalizaciones, como la de afirmar, por ejemplo, que los dirigentes civilistas estuvieron desde un principio dispuestos a acordar la paz con cesión territorial, y que apoyaron con entusiasmo el grito de Montán; mientras que Cáceres y sus hombres habrían sido los únicos que negaron la posibilidad de dicha cesión:

    Frente a esta renuncia del conjunto de la clase dirigente, solo Andrés A. Cáceres y sus «montoneras» emprendieron desde 1882 en las serranías andinas una obstinada resistencia a la vez contra la ocupación chilena y contra la actitud de la oligarquía civilista (Bonilla, 2005, pp. 662-663).

    El panorama fue mucho más complejo. Sabemos que la élite civilista se negó, en principio, a la paz con cesión territorial, y prueba de ello es el destierro al que fue sometido el presidente García Calderón. Además, otros dirigentes civilistas fueron también desterrados por no querer aceptar las condiciones que ponía Chile para la paz. Nosotros mismos hemos publicado la documentación personal de uno de ellos, Manuel Candamo, quien por medio de cartas a su esposa, desde su confinamiento en Chile, rechazaba la cesión territorial, y además tuvo durísimas palabras contra Miguel Iglesias²⁰ con ocasión del grito de Montán (Puente Candamo & Puente Brunke, 2008, pp. 186-190). Por otro lado, en la documentación que ofrecemos en este libro aparecen numerosas comunicaciones en las que Candamo y Elías, como delegados del gobierno provisorio en Lima, envían ayuda de diverso tipo al general Cáceres a lo largo del primer semestre de 1882, y en otras ocasiones lamentan no poder remitir mayores apoyos.

    Por tanto, debe matizarse la afirmación en el sentido de que la clase dirigente peruana habría sentido un «profundo alivio» al enterarse del grito de Montán (Bonilla, 2005, pp. 664-665). Muchos de sus integrantes, en efecto, respaldaron la postura de Iglesias, pero muchos otros la rechazaron. Sin embargo, con el paso de los meses fue ganando terreno la idea de la inevitabilidad de la cesión territorial, al no presentarse ninguna otra alternativa viable. El mismo Candamo, desde su destierro en Chile se lo comentó a su esposa, en carta del 12 de julio de 1883:

    Resultado de todo será al fin y a la postre que perderemos Tarapacá, Arica y Tacna, y mientras tanto la guerra continúa y se tiene la persuasión de que no podremos librarnos de ese temerario desmembramiento de nuestro territorio (Puente Candamo & Puente Brunke, 2008, p. 384).

    * * *

    En comparación con lo ocurrido en Chile, en el Perú se ha publicado poca documentación del tiempo de la Guerra del Pacífico. En el país del sur se promovió la publicación de documentos desde el momento del final del conflicto. El caso más notorio es el de la edición documental, en ocho volúmenes, realizada por Pascual Ahumada Moreno a partir del mismo año de 1884 (1884-1891), y que hasta hoy constituye fuente imprescindible para el estudio de la guerra. Sin duda —como lo ha anotado Basadre— el hecho de que el Perú fuera el país derrotado ha influido en que nuestra historiografía no emprendiera proyectos de publicación sistemática de documentos (1971, II, p. 491).

    Sin embargo, algunos esfuerzos se hicieron. En cuanto a documentación oficial, debemos citar la compilación dirigida por Emilio Dancuart y J. M. Rodríguez, y que empezó a publicarse en 1903. En esos Anales de la Hacienda Pública del Perú dedicaron cuatro volúmenes a la documentación fiscal del tiempo de la guerra (1903-1926, XIII-XVI). A lo largo de las décadas posteriores se fue publicando diversa documentación del tiempo de la guerra. Sin ánimo de ser exhaustivos, debemos destacar la labor de Vargas Ugarte, quien publicó las cartas de Palma a Piérola (Palma, 1964), la memoria del general Juan Buendía y otros documentos referidos a la campaña del sur (Vargas Ugarte, 1967) y los documentos sobre las campañas de Tacna y de Lima (1970). Por otro lado, en cuanto a testimonios sobre la guerra, debemos destacar la aparición, en 1921, de las memorias de Cáceres y la publicación de

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