JUSTICIA
La tensión entre los tres poderes de la Unión por las declaratorias de inconstitucionalidad desde el máximo órgano del Poder Judicial de actuaciones del Ejecutivo y el Legislativo para favorecer al proyecto de la llamada Cuarta Transformación se incrementó la semana pasada en razón de unas comunicaciones por WhatsApp enviadas por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, y por la decisión de la Presidencia de la República de pasar por alto una resolución del máximo tribunal.
En menos de un mes, la Suprema Corte ha fallado en tres ocasiones al hilo en contra del Ejecutivo. En respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha arreciado sus críticas a los ministros que han votado en su contra y, en un movimiento considerado entre los abogados como “chicanada”, el pasado jueves 18 emitió un decreto para desautorizar el más reciente fallo de la SCJN que lo obligaba a transparentar las obras insignias de su gestión.
A la tirantez se sumó una confrontación de la ministra Piña con el presidente del Senado, el morenista Alejandro Armenta Mier.
Sin medir las consecuencias, la cabeza del Poder Judicial de la Federación dejó a un lado la comunicación institucional cuando la noche del martes 16 se dirigió a Armenta en términos que el
