JUSTICIA
Un trabajador del Poder Judicial de la Federación (PJF) afirmó que fue amenazado de muerte por otra integrante de la institución, pero al evaluar el riesgo y determinar la mejor medida para protegerlo, la administración del ministro Arturo Zaldívar decidió reubicarlo desde el Estado de México a Tamaulipas.
El conflicto entre los colaboradores incluye acusaciones por supuestos vínculos con el narcotráfico, sanciones irregulares y violencia de género, entre otros señalamientos.
Se trata de Alfonso Alejandro Sánchez Talledo, quien afirmó que la secretaria Raquel Mora Rodríguez, del Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito en materia Penal –hoy Segundo Tribunal Colegiado de Apelación con residencia en Toluca, Estado de México–, lo ha amenazado de muerte y que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha preferido beneficiarla a ella.
Esto, debido a que en enero último el CJF le notificó que será enviado a trabajar a Tamaulipas, pese a que hasta el año pasado contaba con medidas de protección que incluían chaleco antibalas, vehículo blindado y escolta.
Mientras Raquel Mora afirmó que Sánchez Talledo fue quien tuvo actitudes violentas hacia ella y contra otras integrantes del Tribunal Unitario donde trabajaban, mismas que se consumaron con el cese de todas ellas.
Mora Rodríguez ganó un litigio contra el PJF para que la reinstalaran en su puesto, pero ante el temor de volver a ver a quien la cesó de su puesto, solicitó aljar con él y afirmó que no se incorporará al Segundo Tribunal Colegiado hasta que Alfonso Sánchez sea reubicado.
