La inacción del gobierno de Claudia Sheinbaum y del Congreso de la Ciudad de México, de mayoría morenista, prácticamente sepultan la posibilidad de que la aspirante presidencial cumpla con la obligación constitucional de elaborar y publicar el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) de la capital, cuyo propósito es servir como ejes rectores de su crecimiento, sin caos y con menos riesgos para los próximos 20 años.
Desde principios de diciembre de 2022 la administración de la morenista quedó inmóvil respecto a iniciativas de ley que ella anunció para tener ambos documentos. A ello se suma la anulación de los proyectos ya trabajados, aunque con múltiples deficiencias; la renuncia de Pablo Tomás Benlliure Bilbao a la dirección del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) y el silencio del Comité de Selección –electo a propuesta de Sheinbaum–, que ya dejó pasar casi dos meses sin enviar a los diputados locales la terna para elegir a la nueva directora, con lo que se podría retomar el proceso.
En manifiestos y entrevistas por separado, constituyentes, especialistas y líderes partidistas alertan sobre algunos riesgos de que la gestión de Sheinbaum Pardo termine o que ella se separe del cargo en busca de la Presidencia de la
