Los proyectos de planeación urbana anunciados por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el lunes 22, son una especie de simulación, un “Frankenstein jurídico” que, además, ya tiene el tiempo contado: si en seis meses no se discuten, modifican o aprueban en el Congreso local, pasarán tal cual a su aplicación y dejarán a la capital en un caos legal y de desarrollo peor del que ya está.
Abogados, diputados locales y constituyentes, urbanistas y organizaciones sociales advierten que todos los requisitos legales que la administración local y el Congreso capitalino omitieron o “se saltaron” para elaborar el Plan General de Desarrollo (PGD) y el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) podrían desatar una serie de amparos y manifestaciones que remarcarían la violación a la Constitución Política de la CDMX y mancharían las aspiraciones presidenciales de la morenista.
La tarde del lunes 22, en un acto repentino y con la notoria ausencia de Sheinbaum Pardo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario de Gobierno, Martí Batres, presentó algunas novedades del contenido de los nuevos proyectos del plan y del programa.
Frente a representantes de organizaciones civiles afines a Morena, dijo que esos documentos “elaborados” por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) “buscan
