Han pasado 12 años desde que Anastasio Hernández Rojas murió a manos de integrantes de la Patrulla Fronteriza en San Ysidro, California, y a María Puga, su viuda, le sigue atormentando la pregunta que para ella, su familia y sus amigos, sigue sin respuesta: ¿por qué al menos 17 agentes fronterizos decidieron golpear y aplicar descargas eléctricas a su esposo hasta quitarle la vida, frente a cientos de personas, sin que a la fecha hayan rendido cuentas por ello?
Originaria de Nayant y residente en San Diego desde 1989, donde se unió con Hernández Rojas, originario de San Luis Potosí, María Puga visitó México acompañada de sus abogadas, Andrea Guerrero y Roxana Altholz, de Alliance San Diego y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, en busca de visibilizar ante sus paisanos el caso de Anastasio, llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el primero en su tipo que se litiga contra Estados Unidos, después de que el Departamento de Justicia estadunidense cerrara el caso en 2015.
María y sus representantes también buscan elevar la voz ante la
