Señalada de abdicar en sus funciones ante la militarización de la seguridad pública del país, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, “avala” masacres, ejecuciones sumarias, torturas, allanamientos, uso excesivo de la fuerza y otros abusos cometidos por las Fuerzas Armadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ciudad fronteriza militarizada desde hace dos décadas.
Tal es la acusación que lanza Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), quien durante el proceso de auscultación para designar a la persona que sucedería al entonces ombudsman Luis Raúl González Pérez, decidió respaldar en nombre de su organización a Piedra Ibarra, hija de la icónica luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, e incluso acudió a su toma de protesta ante el Senado, el 12 de noviembre de 2019.
Tres años después, el miércoles 7, ante el pleno del Senado, para explicar la tibia actuación de la CNDH frente a abusos cometidos por las Fuerzas Armadas, Piedra Ibarra informó que había emitido 12 recomendaciones contra la Guardia Nacional y 10 contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sobre hechos pasados y del presente, y argumentó:
“La realidad muestra que la estrategia de seguridad está produciendo resultados, que las violaciones a derechos humanos se están reduciendo, que tanto el Ejército como la Marina y la Guardia Nacional muestran una baja importante en su involucramiento en eventos violatorios y que la pretendida crisis inmanejable sólo existe en un discurso con sesgo partidista que busca beneficios electorales.”
Un día
