En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México, el máximo tribunal capitalino donde se resuelven conflictos laborales, se vive una gran paradoja: alrededor de 50 trabajadores, algunos con hasta 35 años de servicio en la institución, han sido cesados sin justificación legal y, peor aún, sin que les respeten los derechos laborales que por ley les corresponden.
“En casa del herrero, azadón de palo”, resumen algunos afectados.
Los despidos masivos han sido ordenados por el presidente de la junta, Eleazar Rubio Aldarán, exdiputado federal y local de Morena, quien tiene apenas ocho meses en el cargo -llegó el 24 de enero pasado-, designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a propuesta de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Paradójicamente, cuatro meses atrás fue procurador de la Defensa del Trabajo local, también a invitación de la mandataria capitalina.
La medida se da en medio del proceso del cumplimiento de la reforma laboral promovida por la Secretaría del Trabajo federal en 2019, que contempla la extinción de las juntas locales para dar paso a nuevos tribunales en la materia. Sin
