CHIHUAHUA, GHIH.– El desplazamiento forzado es uno de los mecanismos a los que recurren empresarios y grupos delictivos para despojar a las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara de su territorio –rico en recursos naturales, principalmente madera, oro, plata y paisajes imponentes–, para promover el desarrollo turístico.
Pobladores de las decenas de comunidades indígenas de las cuatro etnias que habitan aquella región han huido en silencio durante los últimos 10 años de su territorio para salvar sus vidas. Atrás dejaron sus casas, parcelas, ganado y el territorio que utilizaban para el agropastoreo, actividades ceremoniales y para la recolección de plantas medicinales, que cuidaban con celo.
Y a pesar de que han ganado algunas de las sentencias, las comunidades desplazadas no pueden regresar a su tierra debido al control que ejercen los grupos delictivos.
Hoy por lo menos 10 pobladores de la etnia rarámuri defienden su territorio. Reciben asesoría jurídica de organizaciones civiles, como Alianza Sierra Madre, Consultoría Técnica Comunitaria, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Awé Tibúame, esta última formada por habitantes rarámuri de Mogótavo, del municipio de Urique.
Las localidades de Coloradas de la Virgen, Cordón de la Cruz, Mesa Colorada, Tepozán y Choréachi, en el municipio de Guadalupe y Calvo –en el Triángulo Doradoson las que han ganado litigios; las autoridades judiciales reconocen su derecho al territorio ancestral y han ordenado a los
