MONTERREY, NL.–Después de 11 años de la masacre del Casino Royale, ningún funcionario público involucrado en la irregular operación del lugar ha sido llamado a cuentas y aún hay responsables detenidos sin sentencia. Esto mantiene vivo el dolor de las familias de las víctimas, así como el sentimiento de impunidad.
En los 10 expedientes abiertos para revisar la actuación de servidores públicos del gobierno estatal y el ayuntamiento de Monterrey tras el ataque incendiario perpetrado por integrantes de Los Zetas el 25 de agosto de 2011, en el que murieron 52 personas, los órganos de control internos y otras áreas de las dependencias a cargo de las investigaciones exoneraron a los funcionarios señalados.
En ocasión del acto de disculpa pública que ofreció a las víctimas directas e indirectas a nombre del Estado el 31 de agosto, el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas dijo a Proceso que, para que los trabajadores municipales y estatales sean juzgados como corresponsables de esos hechos, es necesario que la fiscalía de Nuevo León dé seguimiento a las demandas que debió interponer.
Según Encinas, corresponde a la autoridad judicial local hacer todo el trabajo relacionado con los homicidios y las causas que derivaron en el peor ataque contra la población civil en un sitio público en la historia reciente del país.
Encinas cumplió
