Los amos del concreto
Un grupo de personas ha amasado un enorme poder financiero y político gracias a la burbuja inmobiliaria y el otorgamiento de permisos para construir en la Ciudad de México y, en menor medida, en Quintana Roo.
Los dueños de las desarrolladoras Fibra Danhos, GICSA, Be Grand, Copri, Frisa, GMD, Gigante, MRP o Jober, que operan decenas de centros comerciales, rascacielos, naves industriales y megaproyectos residenciales, derivaron parte de sus fortunas hacia estructuras offshore en paraísos fiscales. También lo hicieron los dueños de Grupo Indi, una de las constructoras más favorecidas por contratos de obra pública en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Dichas estructuras financieras aparecen en los cerca de 12 millones de documentos confidenciales que Proceso y otros 149 medios de 117 países revisaron para la investigación internacional Pan-dora Papers, coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
De los más de 3 mil clientes mexicanos detectados en los Pandora Papers, cientos indicaron a los despachos que los fondos canalizados hacia sus sociedades offshore fueron producto de actividad inmobiliaria. Entre ellos se cuenta Arturo Montiel Yáñez, hijo del exgobernador mexiquense Arturo Montiel Rojas, a su vez tío del ex-presidente Enrique Peña Nieto.
En un sector que concentra 14.1% del PIB de México y ha aprovechado la enorme demanda de vivienda para invertir masivamente en desarrollos verticales y detonar fenómenos de
