Las cárceles de la IP encierran delitos de corrupción y conflicto de interés
La acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) prepara contra Sergio Montaño Fernández, uno de los colaboradores más cercanos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, por la adjudicación directa de ocho contratos para la construcción y operación de cárceles federales privadas, revela que el exservidor público operó en un contexto de conflicto de interés por su relación con la empresa consultora que elaboró el proyecto.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Montaño Fernández, en su calidad de Oficial Mayor de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, cargo que ocupó entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012, utilizó un estudio realizado por la consultora McBains Cooper para impulsar y justificar los contratos de prestación de servicios (CPS) que se firmaron durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón para la construcción y operación de ocho centros penitenciarios.
Tras apoyarse en McBains Cooper para cabildear el proyecto entre 2008 y diciembre de 2010, dentro del propio gobierno y con la iniciativa privada, Sergio Montaño se convirtió en el director general de McBains Cooper México, el 13 de octubre de 2014, por lo que en la denuncia anónima que dio origen a la indagatoria se presume la existencia de un conflicto de interés que se deriva de esa relación laboral, pese a que
