Ni informes, ni resultados periciales, ni responsables...
Desde los primeros días después de la tragedia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la empresa noruega DNV y el gobierno de Claudia Sheinbaum ofrecieron fechas precisas para presentar dictámenes, informes y proyectos “con toda transparencia”, en aras de que el caso se resuelva y se restablezca la operación segura del servicio para los más de 400 mil usuarios de la Línea 12.
A tres meses y medio del hecho, los familiares de las 26 personas fallecidas, los más de 100 lesionados y la sociedad en general han tenido información a cuentagotas o por filtración de las causas que provocaron la caída de una trabe metálica y dos vagones del tren del tramo elevado.
Además, han tenido que conformarse con las modificaciones de las fechas prometidas, sin más explicación que la ya conocida “estamos trabajando”, “el tema no se ha olvidado” y la eterna promesa de que “no habrá impunidad”.
Peor, siguen en espera de que haya directivos de empresas, funcionarios o exfuncionarios identificados como responsables y sancionados penal y administrativamente.
Hasta ahora sólo Florencia Serranía “renunció” a la Dirección General del Sistema de Transporte
