Judicializar el espionaje ilegal del Estado
La resignación sería la peor de las respuestas frente al espionaje. Quienes ejercemos el periodismo, la defensa de los derechos humanos o el oficio político, en principio no participamos dentro de las redes dedicadas al terrorismo, el secuestro o la pedofilia.
Y, sin embargo, funcionarios públicos concretos, con responsabilidades presumiblemente acotadas y mandatos derivados de un supuesto orden legal, se tomaron la libertad de confundir actividades diametralmente disímbolas.
Este es el principal hallazgo de una investigación publicada por Proceso y Aristegui Noticias.
Nos volvieron objetivos de un ataque cibernético contra la intimidad, vida privada y Pegasus a una lista larga de personas, en todo el mundo.
