Un “morenizado” Tribunal Electoral inclina la balanza
Este 27 de diciembre cumple un año la sentencia de la Sala Especializada del TEPJF que concluyó que 43 funcionarios públicos, entre ellos 27 “superdelegados”, violaron el artículo 134 de la Constitución al incurrir en promoción personalizada de los servidores públicos, pues toda propaganda gubernamental debe ser institucional y está prohibido que contenga nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
La queja fue promovida por el PRD y su consejero nacional Rafael Hernández Estrada, quienes impugnaron el fallo ante la Sala Superior, en demanda de fincar responsabilidad al presidente y su gabinete. Pero no hay muchas esperanzas: “El 3 de enero le vamos a cantar ‘Las Mañanitas’ al expediente, que está en un cajón, sin resolverse”, dice el perredista.
En lugar de dictar sentencia, el pasado 22 de diciembre el Comité de Transparencia del TEPJF resolvió clasificar el expediente del caso (PSC-0071/2019) como reservado por dos años, y que se desclasifique “cuando se extingan las causas, es decir cuando se emitan las resoluciones”. En otras palabras, prefigura que será resuelto después de las elecciones o incluso hasta 2022.
Lo grave, afirma Hernández Estrada, es que está en juego la equidad en la contienda e impedir el uso de programas sociales, sobre lo que debería haber pronunciamiento oportuno. “Frente a eso
