“Justicia selectiva” en el caso Solid Gold
Sin tocar a las poderosas cabezas que durante años fueron señaladas como parte del negocio de la trata y explotación sexual de personas en el país, la justicia mexicana dictó sentencia contra una empleada de la empresa propietaria de los restaurantes Solid Gold y The Butcher’s, que hasta 2013 ofrecían en la Ciudad de México bailes eróticos y sexoservicio.
Varias de las 38 mujeres –extranjeras–que fueron rescatadas en septiembre de 2013 por personal de la Procuraduría de Justicia (actual Fiscalía) de la Ciudad de México en un edificio en la calle Estocolmo, en la Zona Rosa –donde los dueños de los establecimientos las hospedaban–, señalaron directamente en sus declaraciones ministeriales a varios de los socios de la empresa que las manejaba.
Los expedientes de las fiscalías de la Ciudad de México y General de la República (FGR) incluyen los nombres de Guillermo Fridman, Moisés Atri, Pepe Lizmi y María Alejandra de Pavía Monteagudo –los socios de los establecimientos–, quienes presionaban a las bailarinas para ofrecer sexoservicio a los clientes.
De Pavía Monteagudo es la única que aparece en una ficha de la FGR emitida en 2018 en la que se ofrece una recompensa de 1 millón 500 mil pesos por
