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El país llegó a la situación de contagio comunitario y la tarde del 30 de marzo todo era expectación ante la inminente declaratoria de emergencia sanitaria que daría el Consejo de Salubridad General –máximo órgano del sector que preside el secretario de Salud y depende directamente del presidente de la República– y las implicaciones que tendrán las medidas de contingencia que decidieran los miembros de ese cuerpo colegiado integrado, conforme a la ley, por profesionales especializados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho una y otra vez que las decisiones estaban en manos de los expertos. La reunión previa al anuncio público, sin embargo, no fue del consejo, sino del gabinete legal y ampliado en pleno, que registró una de las discusiones más “intensas” que se hayan tenido en el equipo presidencial para alcanzar acuerdos, según dio a conocer el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, encargado de leer ese mismo día la declaratoria de emergencia.
De hecho, hacer la declaratoria de emergencia y dar las explicaciones de naturaleza política y jurídica que ofreció ante la prensa eran de por sí inexplicables, pues ninguna de las 12 fracciones de la Ley Orgánica que enlistan sus competencias le daban al
