En España, la legislación actual no proporciona herramientas suficientemente ágiles y eficaces para enfrentar la okupación. El proceso legal para desalojar a los okupas puede ser largo y costoso, lo que desalienta a muchos propietarios a tomar acciones. Según el Ministerio del Interior, en 2022 se registraron casi 17.000 denuncias por okupación ilegal, lo que equivale a aproximadamente 46 denuncias diarias. Este número, que suelen dimensionarlo como que es un hecho residual, refleja la magnitud del problema y su impacto social.Conviértete en un seguidor de este podcast: https://www.spreaker.com/podcast/el-podcast-de-marc-vidal--5231699/support.