Después de décadas de litigio, esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) determinó que el Estado mexicano tiene responsabilidad por las graves fallas en la investigación de la muerte de la activista y abogada Digna Ochoa, encontrada sin vida en la colonia Roma en 2001. Pese a las amenazas previas, la Procuraduría del Distrito Federal manejó la hipótesis del suicidio, estigmatizando así su salud mental.