El año pasado, en el marco de las medidas restrictivas por la pandemia, doce millones de personas no accedieron a métodos anticonceptivos, lo que llevó a alrededor de un millón y medio de embarazos no deseados. El dato es de un informe del Fondo de Población de Naciones Unidas, o UNFPA, que es el organismo de la ONU encargado de la salud sexual y reproductiva. El acceso a métodos anticonceptivos es un derecho humano y una cuestión de salud pública. La falta de acceso lleva a una mayor inequidad de género y a consecuencias negativas en general para toda una sociedad, desde muchísimos puntos de vista.¿Cómo trabajan los Estados para garantizar este derecho y qué puntos ciegos hay en este sentido? ¿Qué tenemos que tener en cuenta nosotros a la hora de acudir a un método anticonceptivo?