En términos clásicos se ha entendido que derechos humanos y empresas son dos conceptos antinómicos. En principio, en un sistema capitalista las unidades económicas buscan maximizar sus utilidades con el propósito de alcanzar la eficiencia. De este modo la protección de los derechos humanos sería una consideración extraeconómica, que, independientemente de su valor moral, representa un desafío para alcanzar esa eficiencia. No obstante, esa idea deriva de una comprensión de la economía que ha quedado refutada en la actualidad. Hoy se estima que el crecimiento económico no es el principal indicador de bienestar y que el aumento del producto interno bruto no puede ser el único indicador relevante de progreso (Stiglitz, 2002).
La emergencia del concepto de permite repensar