H ace cuatro años, Dayana, mujer transgénero, regresó de un viaje con dos de sus amigas de Acapulco a la Ciudad de México; a la altura de Cuemavaca, Morelos, el camión en el que viajaban pasó un retén de un operativo en búsqueda de migrantes.
En ese retén Dayana fue detenida y acusada -como hombre- de trata de personas. Hoy, su madre busca demostrar su inocencia y que su condición de mujer con identidad de género diversa es lo que la llevó a enfrentar el calvario de la justicia mexicana.
El caso de Dayana es uno de los cientos que las organizaciones de la sociedad civil han documentado porvejaciones, extorsiones, abusos y acusaciones fabricadas que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQ+, específicamente, la transgénero.
En México, desde 2017, existe un Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+ para garantizar una justicia incluyente, que fue aprobado por la extinta Procuraduría General de la República (PGR) durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia de ese año.
La organización “Almas Cautivas”, que se ha dedicado a brindar apoyo y asesoría legal a personas de la comunidad LGBTIQ+ en estado de reclusión, ha detectado que regularmente las personas transgénero están expuestas a la fabricación de acusaciones, ya sea de las autoridades, de sus familiares o personas cercanas con el fin de despojarlas de sus bienes.
Dayana fue detenida el 18 de agosto de 2019 por elementos de la entonces Policía Federal en el operativo “Sellamiento Gama, Rescate Migrante”. Durante cuatro horas ella y las dos
