JUSTICIA
Desde hace casi cuatro años la saxofonista María Elena Ríos ha sido víctima de violencia institucional tras el ataque en el que un sujeto le roció ácido sulfúrico dentro de su domicilio, en el municipio de Huajuapan de León, Oaxaca, causándole lesiones en diversas partes del cuerpo.
La tragedia para María Elena y su familia no sólo quedó en la agresión sufrida por la joven, quien entonces contaba con 26 años. Su batalla legal ha evidenciado la falta de conocimiento de los juzgadores oaxaqueños e incluso del Poder Judicial de la Federación (PJF) sobre las circunstancias especiales que se deben considerar cuando se está ante casos de feminicidio en grado de tentativa, el papel de las víctimas y las consecuencias negativas de retrasar por tanto tiempo el acceso a la justicia.
“Hay una violación institucional muy grave en Oaxaca que fomenta la propia autoridad y abogados particulares al no entender el concepto de víctimas y la prohibición para todas las personas de revictimizar, intimidar, violentar, de criminalizar a las víctimas. En Oaxaca hemos padecido la cultura de apoyo al patriarcado, hay un consentimiento de conductas culturalmente aceptadas y de odio indirecto e inconsciente hacia la víctima porque es mujer, porque es joven, porque era bonita”, dice la abogada
