SEDENA
La confirmación del espionaje a través del spyware Pegasus a integrantes del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y revelaciones de que a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador el único operador de esa herramienta es la Sedena aleja las posibilidades de que se esclarezcan casos emblemáticos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la Guerra Sucia, ante el empoderamiento del Ejército mexicano y la protección presidencial.
Así lo evalúa Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh, organización que representa a familiares de los estudiantes desparecidos y que a lo largo de sus 35 años de existencia ha defendido casos en los que el Ejército ha estado involucrado en violaciones graves a derechos humanos y ha mantenido una posición firme contra la militarización del país, sobre todo desde que se declaró “la guerra contra el narcotráfico” durante el sexenio de Felipe Calderón.
El martes 18, un informe del consorcio de organizaciones compuesto por la Red de Derechos Digitales, en las postrimerías del sexenio de Enrique Peña Nieto– y el de la coordinadora del área internacional de la organización, María Luisa Aguilar Rodríguez, habrían sido infectados por Pegasus.
