MIGRACIÓN
Araíz del incendio en un centro de detención para migrantes de Ciudad Juárez, ocurrido el pasado 27 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el sacerdote Alejandro Solalinde han venido adelantando que este último se hará cargo de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (CNAME), instancia gubernamental que –a decir de ambos– sustituirá al Instituto Nacional de Migración.
Ante este anuncio, el director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el sacerdote Mario Ángel Flores Ramos, aclara enfático: “El padre Solalinde se metió en un terreno muy pantanoso, pues en términos de disciplina eclesiástica no puede ser funcionario de gobierno y al mismo tiempo ejercer el ministerio sacerdotal. ¡No puede! Se lo impide el derecho canónico”.
–¿Qué sanciones se le aplicarían?
–La sanción por esa rebeldía es la dimisión de su condición de clérigo, la reducción al estado de laico.
–¿Eso significa que ya no se le permitiría oficiar misas ni dar los sacramentos?
–Exactamente, ya no se le consideraría un sacerdote. Aquí la dimisión consiste en quitarle oficialmente su condición de clérigo.
