Pese a que es emblemático de la lucha anticorrupción emprendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, permanece empantanado desde hace un año debido a que el mandatario no ha autorizado el pago de reparación del daño que el exfuncionario aceptó entregar.
Emilio Ricardo Lozoya Austm es, junto con Rosario Robles, uno de los funcionarios de más alto nivel que el gobierno federal mantiene sujeto a proceso penal por actos de corrupción.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por los supuestos sobornos que recibió durante el sexenio pasado cuando era director de Pemex para otorgar contratos de obra pública a la constructora brasileña Odebrecht.
Asimismo lo acusó de lavado de dinero por la compra de una casa en Ixtapa Zihuatanejo con dinero obtenido mediante sobornos para que Pemex comprara a sobreprecio la planta chatarra de fertilizantes.
Las acusaciones contra Lozoya se iniciaron en 2019, cuando la FGR judicializó sus investigaciones y en mayo consiguió dos órdenes de aprehensión en su contra. Para ese momento el exfuncionario ya había salido del país y permaneció nueve meses prófugo de la justicia hasta que en febrero de 2020 fue aprehendido en Mallorca, España.
Su extradición se concretó en julio de ese año luego de que Emilio Lozoya Thalmann, padre del exdirector de Pemex, negoció con
