XALAPA, VER.- La acusación endeble y con filo político de la fiscalía estatal contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa por la desaparición forzada de un policía soslaya la escalofriante realidad que dejó su mandato, un periodo en el que miles de personas fueron víctimas de este delito, por lo que colectivos de familias ya optaron mejor por acudir a la Corte Penal Internacional.
Los familiares de las personas ausentes creen que la justicia no alcanzará a Duarte por esta reciente vinculación a proceso por un solo caso, mientras permanecen acumuladas cientos de carpetas de investigación iniciadas durante su sexenio (de 2010 a 2016) y el gobierno del morenista Cuitláhuac García se muestra insensible y lejano a la crisis por este rezago y lo que se acumula a la fecha.
Del periodo duartista, la Comisión de Búsqueda ha documentado más de 3 mil 600 desapariciones.
En agosto pasado el colectivo Solecito, junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos y Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., denunció ante la Corte Penal Internacional la desaparición forzada de 22 personas cometida con la participación de autoridades de la administración de Duarte y coludidas con el crimen organizado.
Siete de las 22 fueron ubicadas en la fosa clandestina Colinas de
