MADRID.- “En España sale caro denunciar la corrupción; te destroza la vida”, dice pesaroso Roberto Macías Chávez, mexicano que ha sufrido persecución judicial durante una década, tras destapar un fraude millonario en la delegación andaluza de la Unión General de los Trabajadores (UGTA), la mayor central obrera del país, cometido mediante el desvío de fondos provenientes de subvenciones públicas y el uso de facturas falsas en el manejo contable.
Fue gracias al papel de Macías como whistleblower (denunciante de corrupción, figura reconocida por la Unión Europea), que varios medios españoles iniciaron su propia investigación periodística, la cual una vez publicada abrió el telón a un escándalo de corrupción que afectó políticamente a la histórica central obrera en una de las comunidades autonómicas donde tenía más peso.
A raíz de la difusión del caso, el sindicato Manos Limpias presentó una serie de denuncias ante los tribunales, que propició la instrucción judicial para que la Unidad de Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil iniciara sus pesquisas.
Pero la paradoja se dio cuando Macías fue sentado en el banquillo de los acusados y condenado a dos años de prisión –que su defensa aún pelea judicialmente para que no se cumpla– y el pago de 60 mil euros por un delito de “descubrimiento y revelación de secretos”. Los abogados de la UGTA, es decir, el sindicato cuya corrupción fue descubierta, pidieron para Roberto cuatro años de prisión y el pago de la multa arriba citada.
Incomprensiblemente la Fiscalía Anticorrupción de Andalucía, “alineada con la UGT”, dice, le pedía tres años de prisión y la misma multa.
Peor: del resto
