La militarización de la Guardia Nacional (GN) se encuentra en un enredo judicial que ha impedido su entrada en vigor, la entrega de recursos de la Federación y la incorporación de los exintegrantes de la Policía Federal a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Mientras el presidente de la República ha intentado convencer a los jueces federales de la necesidad de permitir la transferencia de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el conflicto ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El pasado lunes 24 el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de la oposición contra el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley