L a noche del pasado 10 de abril, Miguel Ángel Tirado Zavala, administrador del edificio que estaba en Prolongación Petén 915, colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, se levantó frente a la mesa en la que esperaban al entonces secretario de gobierno, Martí Batres, y “pasó lista” a los 10 vecinos que murieron al colapsar el inmueble en el sismo del 19 de septiembre de 2017. Un mes y medio después, el 19 de mayo, se convirtió en una víctima más de la prolongada tragedia, sin que pudiera ver su departamento reconstruido, como se lo prometió Claudia Sheinbaum, actual aspirante presidencial de Morena.
En entrevista con Proceso, a finales de febrero pasado, contó: “De los 12 departamentos que tenía el edificio, 90% de sus dueños somos de la tercera edad. Ya han fallecido algunos, otros tenemos problemas de salud. Pasa el tiempo sin que exista una respuesta ni un seguimiento. Siempre han sido promesas y no se dan. Todo es una verdadera incertidumbre”.
Aunque Tirado Zavala ya no está, la incertidumbre sigue. El pasado 23 de enero Sheinbaum Pardo ordenó que la Comisión para la Reconstrucción pasara 97 casos de edificios multifamiliares al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi). Desde entonces, damnificados acusan a este de maltrato, revictimización, discriminación, dilación en trámites, opacidad, cancelación de proyectos ejecutivos aprobados porque “salen muy caros”, reducción del metraje original o endeudamiento con créditos millonarios a 30 años, aunque muchos afectados pasan de 60 años y solo algunos son pensionados.
Peor: los damnificados empiezan a ser demandados por las empresas constructoras porque el gobierno de la capital no Y es que los propietarios fueron obligados a firmar los contratos y la autoridad quedó solo como testigo. En contraste, el Invi sí los orilló a firmar convenios de “entrega” de sus predios para iniciar las obras; en los hechos, los expropió, alertan los afectados.
