El hackeo a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña) por parte del colectivo Guacamaya permitió documentar la continuidad en el abordaje del caso Ayotzinapa por parte de esa dependencia durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.
Una revisión de algunos de los millones de documentos filtrados por los activistas de Guacamaya alerta sobre la existencia de una política institucional de la Sedena de ocultamiento de información, de protección a personal militar, el desdén a la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (Covaj), así como el recelo hacia el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las organizaciones de la sociedad civil y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de manera forzada la noche del 26 de septiembre de 2014.
El lunes 3, el portal de Proceso y otros medios dieron a conocer documentos firmados por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, y obtenidos por la filtración de Guacamaya, que revelaban cartas enviadas a López Obrador.
En una de las misivas, fechada
