La crisis del sistema de salud pública ha propiciado el acelerado crecimiento de los Consultorios Adyacentes a las Farmacias (CAF) -con consultas a muy bajo precio o de plano gratuitas-, pero con un esquema de explotación de unos 36 mil médicos, quienes reciben pagas raquíticas, son obligados a recetar los medicamentos que vende su patrón y por lo general no cuentan con las prestaciones de ley.
Los cerca de 18 mil CAF en el país -manejados por grandes cadenas de farmacias o por pequeños empresarios- constituyen un “sistema alterno” que le “quita presión” a las instituciones del sistema de salud pública, de ahí que el gobierno les permita operar en la “más completa ilegalidad” y mantener sus “prácticas monopólicas”.
El propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, admitió públicamente el pasado 16 de agosto que el gobierno no puede suprimir esos consultorios que “sólo buscan hacer negocio” y someten a sus médicos a “condiciones laborales precarias”, al extremo de convertirlos en “agentes de ventas” de las farmacias.
El doctor Vladimir Román Castillonájera, quien intenta aglutinar a estos médicos explotados en una asociación, comenta indignado: “Los llamados consultorios adyacentes son un gran negocio para los empresarios farmacéuticos y están proliferando a costa de la precarización del
