En octubre de 2018 las constructoras GIA+ y Grupo Covasa vieron cancelado un megaproyecto hidráulico que les reportaría mil 600 millones de pesos. La razón: cuatro años después de haber obtenido el contrato habían avanzado sólo 10%, incumpliendo los plazos de terminación, por lo que, en pleno cierre de sexenio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) decretó la rescisión.
Meses después, el 23 de marzo de 2019, un incendio en la sede nacional del organismo arrasó con 101 expedientes de auditoría, entre los cuales estaba el del Túnel Chimalhuacán II, la obra cancelada mediante un procedimiento contra el que ya litigaban las constructoras mencionadas.
GIA+ y Grupo Covasa son dos de las empresas ampliamente favorecidas por la administración de Enrique Peña Nieto en el Estado de México y, posteriormente, fueron de las consentidas de su gobierno federal.
La atención sobre GIA+ ha sido notable en los últimos años, pues, siendo una familia dedicada a la construcción, especialmente de vivienda, se convirtió en una contratista con participación en los principales megaproyectos de obra pública,