Abogacía

¿Qué dicen hoy los tribunales?

DERECHO FISCAL

Compensación de saldo a favor y carga de la prueba

Si el contribuyente afirma que la autoridad hacendaria se equivocó al negar la compensación de saldo a favor, corresponde al particular probar los hechos por los cuales considera que sí existe dicho saldo y, por lo tanto, que sí procede la compensación. El contribuyente pretendía revertir la carga de la prueba a la autoridad; sin embargo, el TCC resolvió que, en este caso, no aplicaba la regla prevista en el Código Fiscal de la Federación (CFF) y en el Código Federal de Procedimientos Civiles, que señala que si un particular niega lisa y llanamente los hechos que motivaron un acto de autoridad, corresponde a esta última la carga de probarlos. Registro: 2023219.

Autoridad fiscal competente ante cambio de domicilio fiscal

En la sentencia dictada en un juicio de nulidad se ordenó a las autoridades hacendarias corregir los vicios de un procedimiento de fiscalización en materia fiscal y aduanera y emitir una nueva resolución. Los TCC llegaron a conclusiones diferentes respecto de quién era la autoridad fiscal 2023218.

Estás leyendo una previsualización, suscríbete para leer más.

Más de Abogacía

Abogacía6 min. leídosCrime & Violence
In Memoriam
En diciembre de 2007 fui al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y subí al tercer piso, donde se encontraba la oficina del doctor Sergio García Ramírez. No lo conocía personalmente, sólo me había
Abogacía6 min. leídosCrime & Violence
Sergio García Ramírez Y El Sistema Interamericano De Derechos Humanos
El sistema internacional de protección de derechos humanos que impera en la actualidad fue producto del esfuerzo colectivo derivado de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de internacionalización de los derechos implicó la construcci
Abogacía5 min. leídosCrime & Violence
Apuntes Sobre Prisión Preventiva Oficiosa
Los casos Tzompaxtle Tecpile y García Rodríguez vs. México han sido de gran relevancia en materia de derechos fundamentales, pues han establecido que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa (PPO) previstos en los artículos 16 y 19 de la Constituc

Relacionados