La “utilidad razonable”: un concepto patriótico
El presidente de la República leyó con evidente satisfacción la exposición de motivos del proyecto de ley que presentaría al Congreso de la Unión. En ella quedaba plasmado su pensamiento de manera perfecta: obligar a los empresarios a actuar conforme a “los más auténticos valores del patriotismo, como son la austeridad [y] la renuncia a la especulación, a las ganancias excesivas”, para que las actividades industriales y comerciales de los particulares, a los que se les reconocerían “sus legítimos derechos”, quedaran supeditadas al “interés general de la nación, coordinándose y subordinándose los intereses privados a los más altos de la colectividad”.
Sí, ésa es la idea exacta, asintió el presidente, y que les quede claro: el Estado mexicano ofrece el “debido reconocimiento a la obtención, por parte del industrial y del comerciante, de una, respetándose así el móvil que interviene en los procesos económicos”, pero deben entender que “todos estamos obligados a colocar en primer término los intereses generales de la población”. Las palabras le parecieron sumamente atinadas, precisas, perfectas; el fiel reflejo de lo que era su pensamiento: la .
