García Hernández y Del Valle intentaron privatizar los Centros de Bienestar
A finales de 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador se tomó cinco días en su finca de Palenque. Ahí lo convencieron de visitar un Centro Integrador de Bienestar (CIB), una casa ubicada en la Séptima Avenida poniente, del barrio de Guadalupe, donde además de consultorio médico, farmacia, servicios educativos y acceso a los programas sociales insignia de la administración, había internet gratuito y un cajero automático del Banco del Bienestar.
Era uno de los 13 mil 500 que, conforme a lo planeado en la oficina de Gabriel García Hernández, entonces coordinador general de Programas de Desarrollo de la Presidencia de la República, se desplegaban por todo el país. El propio García Hernández informó que para el 27 de noviembre de aquel año ya había 11 mil de esos centros. En los hechos era una semiprivatización de la operación de programas sociales.
El proyecto de presencia territorial del gobierno lopezobradorista siguió un atropellado proceso. Para empezar, no estaba previsto en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en el Reglamento de la Secretaría del Bienestar ni en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo cual no fue incluido en el presupuesto.
Ante ello, hubo un primer intento de privatización, es decir, de entregar a un particular
