La intervención del presidente, poco ortodoxa pero legal: investigadores
Hace casi un año, el 23 de junio de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que durante el proceso electoral 2020-2021 denunciaría los delitos electorales, evitaría el fraude electoral y, de plano, se convertiría en el “guardián de las elecciones”.
La advertencia fue polémica por esos días, pero ahora que se ha materializado desde la segunda semana de mayo, ha detonado diversas acusaciones contra el Ejecutivo federal por intromisión en la contienda.
Renuente a suspender sus conferencias de prensa mañaneras, el mandatario acumula diferentes quejas por expresiones que tienen que ver con información sobre programas sociales, difusión de encuestas electorales y, en la polémica más reciente, por denunciar el reparto de tarjetas con promesa de apoyos económicos, en particular, del candidato del PRI-PRD por la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza Santos.
La discusión se ha centrado en dos principios importantes para una elección: el de autenticidad, por aquello de que los señalamientos e intervenciones del mandatario favorezcan o perjudiquen a candidatos, y el de libertad de voto, relacionado con el condicionamiento del voto a cambio de recursos, considera el investigador Jaime Cárdenas Gracia.
Con una medida cautelar emitida el 19 de abril último y un apercibimiento por
