28 de noviembre | Nueva YorkHola, maricoper. Fiscalías en disarray.Leer esta newsletter te llevará 13 minutos y 44 segundos.Tensión máxima por si el pavo no sale vivo de esta. Bienvenido a La Wikly.Lo importante: un repunte de robos en San Francisco y un trágico atropello de decenas de personas en Wisconsin ha vuelto a poner el foco en el movimiento progresista de fiscales en Estados Unidos.En el punto de mira, fiscales que a lo largo de los últimos años han implantado medidas reformistas muy criticadas ahora tras año y medio de crímenes violentos al alza —y después de décadas de políticas tough-on-crime, o duras contra el crimen.Explícamelo: tras años de protestas contra la discriminación racial y en pro de una reforma profunda del sistema de justicia criminal, los votantes de numerosas ciudades estadounidenses llevan años apostando por fiscales que proponen un cambio de paradigma.La primera gran victoria siendo la de Larry Krasner en Philadelphia en 2017, pero ya hablaremos de él en un momentín.Contexto: en EE. UU., las fiscalías de distrito representan al estado a la hora de enjuiciar a aquellos ciudadanos sospechosos de haber quebrantado la ley dentro de su jurisdicción, generalmente al nivel local o condal.Por ejemplo, Krasner lidera la fiscalía del distrito de Philadelphia, que incluye tanto la propia ciudad como el condado de Philadelphia. En total, la jurisdicción opera dentro de unas fronteras que incluyen a 1.5 millones de habitantes.Un fenómeno nacional. A Krasner se suman las victorias recientes de otros fiscales progresistas como Kimberly Foxx en Chicago (2015), Rachael Rollins en Boston (2018), George Gascón en Los Ángeles (2019), Chesa Boudin en San Francisco (2019) o, hace apenas unas semanas, Alvin Bragg en Manhattan.Todos ellos representan a un movimiento que pretende dejar de gobernar a través del crimen e instaurar medidas reformistas como:Dejar fuera del sistema a individuos que cometen crímenes por falta de recursos o por dificultades de salud mental —y reconducirlos en cambio a programas supervisados por las cortes.Dejar de encausar a individuos con cargos menores como hurtos o posesión de drogas.Acabar con prácticas de sentencia excesivamente duras o a las fianzas de pago en efectivo que la gente con menos recursos no se puede permitir.Reducir la encarcelación masiva.Poner fin a las condenas erróneas obtenidas a través de la mala conducta fiscal o policial.Eliminar disparidades raciales en todas las etapas del proceso legal criminal.Varios peros. Estos fiscales progresistas se enfrentan a problemas arraigados en el sistema de justicia criminal de EE. UU. que en muchos casos solo se resolverán a otros niveles del poder estatal y federal.Los fiscales de distrito cuentan desde hace décadas con una influencia desmesurada en el sistema, en muchos casos decidiendo de forma unilateral el destino de miles de personas que pasan por los juzgados cada año.Es algo que se ve muy claro en los acuerdos que los acusados firman con las fiscalías antes de enfrentarse a juicios en los que las sentencias pueden ser potencialmente mucho peores.Cambios sistémicos solo pueden llevarse a cabo a través de leyes que necesitan ser propuestas y aprobadas a través del proceso legislativo tradicional.Es decir, que son los nuevos fiscales progresistas los que deberían abogar por reducir su poder pese a que es precisamente con ese poder con el que pueden implantar reformas lo más cercanas a lo que desde el estado o el gobierno federal podrían o no llegar algún día.Porque dado el poder de las fiscalías, medidas tomadas a nivel de distrito pueden tener consecuencias trascendentales en la forma en la que se enjuician los crímenes —lo que a su vez puede desencadenar cambios en la convivencia social de una comunidad.Es de ahí que las elecciones a las fiscalías sean también pasto de las guerras políticas que consumen a EE. UU., como ya hemos analizado en esta newsletter en el pasado, tan recientemente como con el asunto de las juntas escola