18 de octubre | Nueva YorkHola, maricoper. Presas con polémica.Bienvenido al maricoffee, una columna y dos titulares de actualidad para empezar bien informado la semana —con podcast narrado.Si te gusta el formato, puedes recibir entregas similares los martes, miércoles y jueves con una suscripción premium con la que apoyarás el proyecto periodístico independiente de La Wikly:Leer esta newsletter te llevará 5 minutos y 22 segundos.El baile del calamar. Bienvenido a La Wikly.?? Amenaza hidroeléctricaPor Anita PereyraLo importante: más de 200 personas de 22 pueblos indígenas de tierras altas y bajas de Bolivia se reunieron recientemente en el III Congreso de integración en defensa de la vida y el territorio para consolidar una unidad y una estrategia en defensa de sus territorios y las áreas protegidas del país.Proyectos y actividades extractivistas como la minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, monocultivos y avasallamientos, son las actuales problemáticas que estos pueblos enfrentan y que llevaron a definir una estrategia conjunta de demanda y defensa.Principalmente, rechazan todos los planes que avalan la deforestación y las quemas permanentes en sus territorios. Además, demandan mayor acceso a la información respecto a los planes gubernamentales.También se analizó la importancia de la libre determinación, la autonomía, el autogobierno, la justicia indígena y la representación política y social de los indígenas.Contexto: el gobierno de Bolivia lleva varios años intentando apostar por proyectos de construcción de hidroeléctricas que ayuden al país a depender menos de combustibles fósiles y reemplazar la energía por fuentes renovables como el agua.¿Cómo? Una de estas iniciativas es el proyecto hidroeléctrico de Rositas, pieza integral de la Agenda Patriótica 2025, el plan del presidente Evo Morales para convertir a Bolivia en el centro energético de la región.El proyecto de Rositas está diseñado para generar unos 600 megavatios de energía, que equivalen a la mitad del consumo de todo el país y alimentarían una red nacional que hoy genera 1400 megavatios —superando en 200 megavatios la demanda actual del país.A la par, la presa permitiría irrigar 164.000 hectáreas de producción agrícola, abastecería de agua potable a la ciudad de Santa Cruz y disminuiría el riesgo de inundación en la zona situada aguas abajo de la presa, según el exministro de Energía Luis Alberto Sánchez.En contra. El proyecto hidroeléctrico implicaría fuertes impactos socioambientales, incluyendo el reasentamiento de al menos 12 comunidades que viven de la ganadería lechera y la agricultura.La preocupación de estas comunidades campesinas comenzó en 2012, cuando un primer estudio de factibilidad mostró que el área inundada sería de al menos 45.000 hectáreas.Desde entonces, hasta 500 familias han manifestado su oposición a la eventualidad de dejar las casas que han ocupado durante 40 años para tener que volver a empezar en otro lugar.En diciembre de 2016, reunidos en la comunidad indígena de Tatarenda Nuevo, los pobladores emitieron un voto rechazando la construcción del proyecto por cómo afectaba directa e indirectamente a sus poblaciones.Su principal queja ha sido la ausencia del proceso de consulta previa e informada con ellos, tal y como establece la Constitución de Bolivia, y las consecuencias que implicarían un desplazamiento forzado.A lo que se suma la preocupación entre científicos ambientales por el impacto que podría tener el proyecto en ecosistemas como los bosques húmedos de la cuenca del río Grande.De igual manera, el proyecto de la hidroeléctrica Bala-Chepete desplazaría a más de 100 comunidades de pueblos indígenas e inundaría más de 700 kilómetros cuadrados. Aunque estos dos proyectos están en “pausa”, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) ya está ejecutando otros proyectos hidroeléctricos similares, uno en la cuenca del río Ivirizu (Cochabamba) y otro en Quime y Cajuata (La Paz).¿Y ahora? A finales de septiembre, centenares de manifestante