Carlos III ordenó en 1787 la creación de cementerios ventilados y extramuros de los pueblos y ciudades “para sepultar los cadáveres de los fieles” y que dejaran de producirse epidemias por la insoportable acumulación de muertos en criptas y suelos de las iglesias. El monopolio eclesiástico de la muerte era un lucrativo negocio que no estaban dispuestos a perder. Costó dos siglos arrebatarles ese monopolio y conseguir la creación de cementerios municipales.