La demanda interpuesta por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos, es un procedimiento civil no injerencista.

Controlar la llegada de armas a México contribuirá a reducir considerablemente la violencia. Es la primera vez que se hace un planteamiento así: cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso de la independencia y de las leyes de ese país.