AGUASCALIENTES, Ags.- El amiguismo, las leyes hechas a la medida y la nula rendición de cuentas están provocando el agravamiento de los problemas originados por la industria inmobiliaria en Aguascalientes.
Mientras que la cercanía de los empresarios del sector con la gobernadora Teresa Jiménez y con el PAN –partido que mantiene el control político en la entidad– es visible, las influyentes empresas del sector amenazan el territorio y su medio ambiente.
Por otro lado, las organizaciones civiles ambientales constituyen la única resistencia y lograron, a punta de amparos, detener obras y estatutos legales que benefician solo a la iniciativa privada.
“Hay una mafia inmobiliaria ligada a una mafia política de intereses particulares para hacer negocio, esa es una realidad y debemos aceptarlo”, dice Jael Pérez, vicepresidente regional centro-norte de la Federación Nacional de Colegios de Economistas.
En diciembre de 2022, a mes y medio de haber iniciado la administración de Jiménez y en una sesión a donde acudieron empresarios inmobiliarios, la mayoría panista en el Congreso estatal logró aprobar, tras años de negociación, el nuevo Código Urbano, documento que regula el crecimiento de la
