MIGRACIÓN
MATEHUALA, SLP.- San Luis Potosí no es un lugar seguro para el tránsito migrante. Tampoco son hechos esporádicos los secuestros ni el tráfico ilegal de personas en el tramo de la carretera federal 57 que atraviesa el altiplano potosino.
Datos, testimonios y hechos documentados a lo largo de más de una década por autoridades y organismos descentralizados contradicen la versión esquiva del fiscal potosino, y muestran un territorio estratégico en la ruta migrante pero asolado por el crimen, donde las personas en tránsito irregular ponen el cuerpo, mientras que las autoridades de los tres órdenes de gobierno son omisas y negligentes. Incluso cómplices o perpetradoras.
En conferencia de prensa el lunes 10, el titular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, fue cuestionado sobre la imagen que proyecta la entidad después de lo ocurrido en la Semana Santa, cuando grupos de personas migrantes –y algunos connacionales– fueron víctimas de asaltos, tráfico ilegal y secuestro en la carretera 57.
Sobre esos hechos, la vocería de Seguridad anunció el rescate de al menos 86 víctimas con vida, además del cuerpo de un chofer.
“San Luis Potosí, desde mi punto de vista, sigue siendo un lugar seguro, pese a esos eventos, que no quiero referirlos, que son circunstanciales o esporádicos”, esquivó el fiscal.
Pero los antecedentes que lo contradicen abundan. En el documento , elaborado en 2009 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al menos 10 de los 25 relatos señalan a integrantes
