MIGRACIÓN
En junio de 2019 una serie de datos fueron aportados al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre los que hoy destaca la observación sobre las condiciones de infraestructura de los centros de detención migratoria, calificados de “entornos torturantes”.
Los datos, que terminarían integrándose a una resolución del Consejo General de las Naciones Unidas, se compendiaron antes del incendio por el que murieron 40 personas el pasado 27 de marzo, un siniestro en el que confluyen la omisión, la negligencia y los negocios al amparo del poder.
La Cancillería mexicana así como el Instituto Nacional de Migración (INM) sabían desde 2019 de las condiciones en que se encontraban las estaciones migratorias, pues se les dijo en ese documento, elaborado por el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, formado por varias organizaciones civiles que aportaron los “suministros” para la Resolución A/RES/72/179 sobre la Protección de los Migrantes, del Consejo General de la ONU.
El Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura ponía énfasis en la forma en que el INM se vale de eufemismos, por ejemplo al llamar a los complejos de detención de migrantes
