En un paraje del municipio veracruzano de Martínez de la Torre, en julio de 2018 se encontró el cadáver de Alaska Contreras, una joven trans recién nombrada “Reina de la Belleza” en un certamen gay celebrado en esa calurosa zona costera. Antes de asesinarla con arma de fuego, los criminales la torturaron con saña: le enredaron el cuello con alambre de púas, la golpearon, la desnudaron y le dejaron su chillante peluca al lado del cuerpo para evidenciar que se trataba de un hombre disfrazado de mujer.
La “brutalidad extrema” y la “ridiculización” hacia la víctima fueron las dos características principales de este asesinato, como ocurre en la mayoría de los demás transfeminicidios que en los últimos años se han incrementado en México, al grado de que actualmente uno de cada dos crímenes contra la población LGBTI+ se cometen justamente contra las personas transgénero o transexuales, considerado el sector más vulnerable de esta comunidad.
La altísima discriminación que padece la población trans provoca que tenga una tasa de desempleo de 90%, por lo que se ve empujada al trabajo sexual o en el mejor de los casos al estilismo; sufre además un acoso escolar tres veces mayor al de la población no trans, de ahí su muy bajo nivel educativo; de igual forma, es muy limitado su acceso a la salud y a la procuración de justicia.
Lo anterior ha ocasionado que esta población, calculada en 1 millón de personas, sólo alcance los 38
