Frente a un registro oficial hasta el 21 de diciembre de 109 mil 300 personas desaparecidas no localizadas –más de 38 mil 900 de ellas reportadas durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador–, la Fiscalía General de la República (FGR) encabezada por Alejandro Gertz Manero ha decido litigar en contra de víctimas y sus familiares, al eludir su responsabilidad en la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF).
La FGR y otras cinco dependencias de esa institución fueron emplazadas por una sentencia del Poder Judicial de la Federación a poner en operación el BNDF y el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas (RNPFNI), en un plazo no mayor de 40 días a partir de la notificación de una sentencia de amparo de octubre pasado, a favor de Olimpia Montoya Juárez, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido el 18 de marzo de 2017, en Celaya, Guanajuato.
Montoya se sumergió en un proceso judicial que
