Durante varias décadas, la doctrina y el foro ju-rídico en México han dedicado numerosas oportunidades para debatir sobre la jerarquía normativa nacional, así como muy extensas reflexiones sobre el lugar que deberían ocupar la Constitución y los tratados internacionales en nuestro sistema jurídico. No obstante, cabe preguntarnos si esa cuestión ha sido abordada adecuadamente, pues en apariencia ya están dadas las respuestas.
La tensión entre esos ám-bitos normativos está apare-jada con las innumerables dificultades que provoca la aplicación del Derecho internacional público en el seno de un Estado. La insuficiente difusión del contenido
