Aunque el acceso a vivienda adecuada y asequible es un derecho humano reconocido en normas nacionales e internacionales, existen factores que impiden a las personas, principalmente mujeres, ejercer este derecho en la Ciudad de México.
Diversas organizaciones y medios de comunicación han documentado cómo, desde 2020, el país ha sido escenario de desplazamiento de viviendas, por lo general de las familias que están en situación de mayor precariedad, por un alza desmedida en sus precios y una disminución significativa del poder adquisitivo.
En esta cnsis de vivienda el rol del Estado no se ha limitado a la
